El parking

El ayuntamiento paga 97.200 euros al año a la empresa concesionaria por las pérdidas del recinto

Era previsible que volviera el tiempo en que éramos diferentes del resto de Europa.

INFORMES,Todo depende de quien lo mide y como lo mide.

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2012.pdf

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2011.pdf

LLegó a tener 1800 empleados"más gente que en Telecinco, Antena 3 y la Sexta juntos," en plantilla al servicio del poder autonómico de turno y ahora pasará a manos privadas,seguramente con otro nombre ,pero el gasto también será público.

                                                                     

¿Hasta cuándo hay que cargar con esto?

  http://politica.elpais.com/politica/2011/11/04/actualidad/1320430261_890423.html 

Y CON ESTO: 

El Consell gasta en la VIU el equivalente a 7 colegios o dos sedes de Medicina en la UJI

 

  Francisco Peregil Valencia 4 NOV 2011 - 20:37 CET

Vale que en la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), también conocida como Canal 9, trabajen 1.800 personas, más gente que en Telecinco, Antena 3 y la Sexta juntos, más personal que en Canal Sur (1.680 empleados) o Telemadrid (1.200). Vale que una plantilla tan amplia en una comunidad gobernada por el PP no haya podido destapar una sola exclusiva sobre el caso Gurtel. Vale que la audiencia de octubre se sitúe en un 5,8%, la más baja de los grandes canales autonómicos junto a Telemadrid. Y que vaya cayendo en picado: 11,9% en 2009 y un 8% en el mismo mes del año anterior. (Para algunos sindicatos de la compañía pública, como Intersindical ese descenso se debe a la pérdida de credibilidad que se ha granjeado por el “no seguimiento” del Caso Gurtel. La dirección de la empresa, sin embargo, cree que se informó de forma ecuánime y achaca la caída a la eclosión de los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) y al poco presupuesto que tienen para hacer una parrilla de calidad). Proseguimos: vale que según un informe elaborado por Hacienda a petición del juez Antonio Pedreira, el canal gastase en cubrir la visita del Papa a Valencia en 2006 casi 15 millones de euros (14.713.940,75). Vale que Canal 9 comprase el año pasado los derechos de la Fórmula 1 por una cifra que la dirección se niega a desvelar y retransmita las carreras a la misma hora en que se puede ver por La Sexta. Vale que el ente deba 1.099 millones de euros a los bancos y cien millones a sus proveedores. Y que las compañías que le prestan servicio tarden en cobrar dos años. Vale. Pero… ¿hasta cuándo puede prolongarse una situación así?
Los primeros que aseguran querer cambiarla son sus propios gestores. “Tenemos una plantilla ciclópea, pero a la hora de la verdad, cuesta hacer programas de producción propia”, indica un directivo que solicita el anonimato. “Hay un montón de gente que ocupa oficios que ya no existen, como los montadores de magneto, que es como si en un periódico tuvieras linotipistas. Y como no se quieren reconvertir, tienes que contratar a gente. Entre los turnos, las bajas por enfermedad y los moscosos (días de libre disposición), nos resulta muy difícil disponer de un equipo estable de 35 personas para montar un programa. Las bajas justificadas nos cuestan cuatro millones de euros al año, casi un 5% de los 97 millones que nos asigna la Generalitat como presupuesto. Tenemos picos de absentismo de hasta el 14%, que suelen coincidir con las vacaciones escolares de junio, el puente de la Constitución, la Semana Santa. Aquí se ha comprado la paz social con convenios colectivos muy buenos. Ha sido culpa de los directivos, los sindicatos y los gerentes. No hay ningún responsable, pero lo son todos en general. Mientras ha habido dinero, no pasaba nada, pero ahora…”.

Canal 9 compró en 2010 los derechos de la Fórmula 1 por una cifra que la dirección se niega a desvelar

Tras diez entrevistas efectuadas el jueves en el Mercado Central solo dos personas mostraron una opinión favorable al Canal 9. Un ciudadano decía: “Han confundido la cultura valenciana con lo chabacano”. Otro lamentó que se use principalmente para difundir “propaganda institucional”. Un cuarto asumía y justificaba la supuesta parcialidad –“Si aquí manda el PP es lógico que tenga su influencia en la tele” –, aunque se quejaba de la “mezcla de valenciano y catalán” que se emplea en el canal. Y varias personas se quejaron del coste que acarrea. La dirección, sin embargo, sostiene que en los últimos dos años ha aplicado una “economía de guerra” mediante la cual ha recortado gastos en un 40%. “Hemos ahorrado de todo, menos en personal: fotocopiadoras, coches, teléfonos, móviles… Y, sobre todo, en contenidos. Pero el gasto en nóminas ocupa el 85% de nuestro presupuesto. Y hoy en día, una empresa que gaste en personal más del 25% empieza a tener problemas”, señala José López Jaraba, director de Canal 9.
El candidato presidencial del PP, Mariano Rajoy, ha prometido esta semana promover una ley para privatizar canales autonómicos. Pero ni los sindicatos consultados ni la dirección de la empresa creen que eso vaya a ser posible. Primero, porque no sería rentable. Y segundo, porque dudan de que ninguna de las autonomías históricas vaya a desprenderse de sus teles. Pero, aunque no se llegue a la privatización, los trabajadores temen un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) después de las elecciones generales. “El problema es que el ERE no sería la peor noticia de todas”, explica Jaume Muñoz, miembro del comité de empresa por la organización Intersindical. “Porque el ERE nos permitiría negociar. Pero lo que tememos es que quieran hacer una criba y se quieran quitar de en medio a los críticos”. Y con esta declaración entramos de lleno en la idiosincrasia de Canal 9: “Aquí”, continúa Muñoz, “las cosas se han hecho como en otros sitios, pero a lo bruto. Hasta hace poco teníamos un secretario general, Vicente Sanz, que era el que verdaderamente hacía y deshacía en la tele. Había sido antiguo presidente provincial del PP en Valencia. Y lo echaron en 1994 del puesto político cuando se difundieron unas conversaciones en las que decía que él estaba en política para forrarse. De allí lo pusieron de mandamás en la tele hasta que ahora lo tuvieron que despedir tras ser acusado por tres trabajadoras de acoso sexual. Pero durante todos estos años ha contratado a quien él quiso y con el sueldo que quiso. De tal forma que el sindicato mayoritario hasta esta semana en que ha habido elecciones era uno, el USO, en el que él confeccionaba las listas. Por eso tememos que ahora hagan una criba selectiva”.

“Tenemos una plantilla ciclópea, pero cuesta hacer programas de producción propia”,
indica un directivo

El hacha llegará. Lo único que no se sabe es cuándo, con qué fuerza ni a cuánta gente va a afectar. Pero ni los trabajadores más optimistas se plantean que no vaya a haber despidos. Para los directivos de Canal 9 la solución estaría en una palabra que en boca de ellos adquiere poderes casi mágicos: la “externalización” de servicios. “Así se compite hoy en día”, indica un miembro de cúpula de Canal 9. “Por eso Tele 5 puede permitirse tener solo 400 empleados. Porque la productora Atlas trabaja para ellos. Ese es el modelo que rige también en Baleares, Canarias o Aragón, donde tienen externalizados hasta los informativos. Es como si en tu periódico los fotógrafos pertenecieran a otra empresa, como Prosegur. Aquí los informativos seguiríamos haciéndolos nosotros, pero la mayor parte de los servicios, como el departamento de publicidad, lo contrataríamos fuera. La gente confunde externalización con privatización y no es lo mismo”.
Con la externalización la dirección asegura que pagaría “hasta cuatro veces menos” por el mismo servicio. Pero la plantilla perdería buena parte de su poder adquisitivo. El sindicalista Jaume Muñoz, sin embargo, piensa que ya queda muy poco por externalizar en Canal 9 y que lo que hay que hacer es administrar bien los recursos propios. Entonces, si ya hay gran parte del trabajo que se contrata a otras empresas ¿cómo ocupan su tiempo laboral los 1.800 empleados? “Es un tema delicado”, asume Muñoz. “Los profesionales de Canal 9 son los mejores. Pero hay una incompetencia manifiesta por parte de los cargos para asignar tareas. Por ejemplo, han contratado a la tertuliana de La Noria Isabel Durán para moderar un programa de debate. Y también se han traído a Fernando Quintela, que venía de dirigir Intereconomía. Ese dinero se podía haber ahorrado empleando a nuestra gente”.
Los sindicatos, por supuesto, creen que es posible y necesaria una televisión pública bien gestionada. El director de Canal 9, también lo ve así. Pero indica que hay que modificar un modelo “obsoleto”. “La solución no la tenemos los gestores, sino los partidos políticos de la Comunidad”, señala López Jaraba. “Ellos son quienes tienen que llegar a un acuerdo, como acaban de hacer en Galicia, para aprobar una ley que permita modernizarnos y financiarnos de forma apropiada”.
Mientras tanto, a esperar. Los valencianos podrán matar el tiempo de incertidumbre viendo los debates moderados por Isabel Durán o las carreras de Fórmula 1 retransmitidas a la misma hora que La Sexta.

Tres cosas que no suelen decirse

F. Peregil, Valencia

Primera. El catedrático valenciano de Historia e Instituciones Económicas Jordi Palafox señala que cuando se habla sobre el endeudamiento de Canal 9 hay un rasgo que no siempre se recuerda: “La valenciana es de las pocas televisiones que han tenido capacidad para endeudarse por sí misma porque contaba con el aval de la Generalitat. Pero lo que se ha hecho en otras autonomías es inyectar dinero a sus canales directamente, absorber sus deudas. Con lo cual, los gastos de las autonómicas no varían tanto de unas a otras”.
Tal afirmación la suscribe por completo el director de Canal 9, José López Jaraba, quien asegura que sobre él pesa el “baldón mediático” de los 1.099 euros que deben a los bancos. La televisión catalana, con una audiencia (13,7) que supera más del doble a la de Canal 9, posee 2.700 trabajadores y un gasto anual de unos 600 millones de euros, seis veces más que Canal 9. “Y nadie cuestiona en Cataluña la necesidad de tener un buen canal autonómico. Aunque ahora que se están cerrando quirófanos allí, por primera vez sienten que parte de los ciudadanos critican su presupuesto”, indica un directivo de Canal 9.
El “baldón mediático” valenciano de los 1.099 millones se eliminaría en cuanto Hacienda asumiera la deuda. “Pero en ese momento, el déficit de la Comunidad se dispararía y la Generalitat tendría un problema con el Estado”, recuerda José Ignacio Pastor, vicepresidente por el PSOE en el consejo de administración del ente desde 2003 hasta 2011.
Segunda. La segunda cuestión que no suele recordarse, según Jordi Palafox, es que cuando la oposición achaca los malos resultados de las elecciones a la manipulación que se ejerce en el canal autonómico, a menudo no se recuerda su baja audiencia. “Eso es verdad, pero solo en parte”, admite José Ignacio Pastor. “Porque aunque la audiencia ahora es escasa, hace cuatro años era mucho mayor. Y además, el PP diseñó una estrategia muy clara: se centraron en atender los gustos de las poblaciones menores de 10.000 habitantes y de la gente mayor de 65 años. Y electoralmente, sacó provecho de ese diseño”.
Tercera. Canal 9 fue fundado en 1989 bajo el Gobierno del socialista Joan Lerma, quien gobernó en la Comunidad Valenciana hasta 1995. ¿Todos los males sobre parcialidad o mala gestión provienen de los 16 años de Gobierno autonómico del PP? “El PSOE también tiene su parte de culpa”, reconoce José Ignacio Pastor. “Pensó que iba a gobernar siempre y no creó los mecanismos para construir una televisión más neutral, no preparó una televisión de ciudadanos más libres”.

INCUMPLIMIENTOS FRECUENTES DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

        ESTO SOLO ES LO QUE DICE EL MINISTERIO,NOS PODEMOS IMAGINAR EL RESTO.



INCUMPLIMIENTOS FRECUENTES DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/PLAN%20AIRE%202013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176119/La-calidad-del-aire-urbano-en-Espana

http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique432.html

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10539/capitulo3.pdf;jsessionid=CAEE718DB05012DCE641BE8D078D35.tdx2?sequence=5

TIERRA DE SAQUEO

De CASTELLÓ a ALMASSORA,podem dir:

                                   Recordatorio "al trenet" en la Plaza Santa Isabel de Almassora.

De CASTELLÓ a  ALMASSORA,podem  dir:

La Panderola ,el TRAMVIA,Ja fa 50 anys que es van carregar el transport públic a les comarques de la Plana, van dominar i dominen els interessos particulars front als interessos generals "els de la ciutadania".

Fins a la data d´avui no s'ha fet res, la indústria de l'automòbil i la indústria de l'energètica I dels combustibles han dominat I dominen les vides de la població.

 Però tot això un cop més ha estat gràcies a la "Dictadura" dels governants en aquells temps ,i en aquests temps "Democràtics" gràcies als resignats votants i els "no votants " ja que que es així com s´ otorga el favor al guanyador .

Com bé es diu," así nos luce el pelo  ", el futur," El TRAM ,transporte Metropolitano de la Plana de Castellon " ,bé per la ciutat de Castelló , però per a la resta de la comarca propera a la capital, res de res, això si , molt protocol, molta commemoració i molt soparot, per res que celebrar de l'anomenat "tranvia o tramvia" o ja no se sap molt bé el que.

Lletra:

La letra de la canción de la Panderola

Por si alguien la quiere cantar ....

La Panderola

De Castelló a Almassora

Xispum tracatrac,

De Castelló a Almassora

Xispum tracatrac,

Hi ha un tren que vola leré

Hi ha un tren que vola leré

Hi ha un tren que vola leré

Leré,leré, leré

Hi ha un tren que vola leré

leré

I per aixó li dieu, Ximpum tracatrac

I per aixó li dieu, Ximpum tracatrac

La Panderola leré

La Panderola leré

La Panderola leré leré leré leré

La Panderola leré leré

Era de gran ajuda, Ximpum tracatrac

Era de gran ajuda, Ximpum tracatrac

Per als Graueros leré,

Per als Graueros leré,

Per als Graueros leré, leré, leré, leré

Pera els Graueros leré, leré

Ara com ja no vola, Ximpum tracatrac

Ara com ja no vola, Ximpum tracatrac

Esta al Paseo leré

Esta al Paseo leré

Esta al Paseo leré leré, leré, leré

Esta al Paseo leré leré.

TURINDUSTRIA COSTA AZAHAR

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/bataller-y-buch-pactan-seguir-potenciando-serrallo_839239.html

La era Fabra se sienta en el banquillo

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/01/actualidad/1380652382_530526.html

UN ESPIA EN EL CONGRESO.COM.Rafa Nadal avergüenza a los políticos que regresan de Argentina en avión privado tras el ridículo olímpico

Rafa Nadal avergüenza a los políticos que regresan de Argentina en avión privado tras el ridículo olímpico

 

 

Verdad de Perogrullo

Almassora traslada el Recinte Fester "o no" ,para reducir las molestias en el geriátrico

perogrullada.

(de Perogrullo).

 Verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla.

Ni los pájaros aterrizan en Castellón

Un halcón otea el horizonte desde la valla del aeropuerto de Castellón, el pasado febrero. / ÀNGEL SÁNCHEZ

Es el aforamiento. Y no existe en ninguno de los países de nuestro entorno europeo.

Camps celebra ante Ricardo Costa su absolución en el 'caso de los trajes'. / Kai Fosterling (EFE)

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/08/actualidad/1373303427_268695.html

Pongamos que usted conduce por la autovía A-6 Madrid-A Coruña a la altura del municipio madrileño de Collado Villalba y, en un control de alcoholemia, el alcoholímetro da una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol en aire aspirado. Usted habrá cometido un delito contra la seguridad vial que será instruido por un juzgado de instrucción del municipio en el que se cometió, es decir, Collado-Villalba, del que, probablemente será titular un juez joven con poca experiencia y pocos años en la carrera. Ahora pensemos en que media hora después esa misma tasa de alcoholemia la da en ese mismo control situado en el mismo punto kilométrico de la A-6 un ministro, diputado o senador. Habrá cometido exactamente el mismo delito que usted que, por otro lado, no tiene nada que ver con las labores propias de su cargo político, pero su caso lo investigará y juzgará la más alta instancia penal del país, en la que ejercen los magistrados más experimentados y que, a priori, ofrece las mayores garantías: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Es el aforamiento. Y no existe en ninguno de los países de nuestro entorno europeo. Tampoco en Estados Unidos. En Alemania, por ejemplo, el expresidente federal —el jefe del Estado, con unas funciones similares a las del Rey en España— Christian Wulff tuvo que presentar su dimisión el 17 de febrero de 2012 después de que la Fiscalía de Hannover pidiera que se le retirara la inmunidad por haber recibido sobornos de un empleado cinematográfico. Si el Constitucional alemán se la hubiera retirado, no hubiera sido el alto tribunal el que lo hubiera juzgado, sino el competente del lugar donde se cometió el delito, es decir, el de Hannover.
En Italia, al ex primer ministro Silvio Berlusconi, acaban de condenarlo a siete años de cárcel por inducción a la prostitución de menores por su relación con Karima el Marough, Ruby, cuando esta tenía menos de 18. Pero, a diferencia de en España —donde este caso lo hubiera juzgado el Supremo—, el proceso se siguió en un tribunal ordinario, el de Milán, el lugar donde supuestamente se cometieron los delitos. Lo mismo ocurre en EE UU, donde el presidente y otros cargos, cuando existe una acusación penal contra ellos, son sometidos a un juicio político, el impeachment (al que fue sometido Bill Clinton por el escándalo de Monica Lewinsky). Pero si termina con su destitución, el delito se juzga en el tribunal de donde se cometieron los hechos y no en el Supremo.

Esta singularidad no existe en otros países europeos ni en Estados Unidos

Escándalos como el caso Gürtel, que afecta a la cúpula del PP —y su derivada de los papeles de Bárcenas— o el caso Campeón en el que está imputado el exministro de Fomento socialista y actual diputado José Blanco, han puesto en tela de juicio esa figura que algunos consideran un privilegio y otros un perjuicio respecto al resto de los ciudadanos. De lo que no hay duda es de que atenta contra la igualdad.
El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor de varios aforados —entre ellos el propio Blanco y el juez Baltasar Garzón— se encuentra entre los segundos. “Desde mi punto de vista, el aforamiento presenta más inconvenientes que ventajas”, explica. “La única ventaja en el caso del Supremo es la calidad jurídica de sus magistrados, que es innegablemente superior a la de otros de sus compañeros, lo que a priori es una garantía”, continúa el letrado. “Sin embargo, a diferencia del resto de ciudadanos, los aforados al Supremo no tienen derecho a una segunda instancia, es decir, a que la resolución final del caso sea revisada por otro órgano”, un derecho fundamental según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Otro de los problemas de estos procesos”, según Martínez Fresneda, “es que el magistrado instructor y los que conforman el tribunal que se encargará de juzgar al aforado pertenecen a la misma sala”, en los casos de Garzón y Blanco, la Sala de lo Penal del Supremo. “Es difícil que la sala mantenga la suficiente distancia en caso de que se recurra algunos de los actos del instructor y se corrijan sus actuaciones; sería algo así como desautorizar a un compañero”, prosigue Martínez Fresneda, que también se queja de la enorme repercusión social de los procesos en el alto tribunal.
“El argumento de que los aforados al Supremo no tienen derecho a una segunda instancia es una pregunta trampa”, opone, sin embargo, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón Juan Luis Gómez Colomer. “Puede que no tengan derecho al recurso como el resto de los ciudadanos, pero ya quisieran los ciudadanos que todos sus casos llegaran al alto tribunal. Solo unos pocos lo consiguen”, señala. Como Martínez Fresneda, el profesor castellonense no niega la profesionalidad de los magistrados del Supremo o de los tribunales superiores, pero considera que no son los más apropiados para instruir uno de estos casos. “Estos órganos están pensados para resolver recursos, para dar coherencia al sistema con sus resoluciones. Esa es su función, no instruir y enjuiciar casos”. “Cuando una causa de aforados llega al Supremo, puede que el magistrado al que se designa instructor no haya investigado en 30 años. Incluso puede que no lo haya hecho nunca porque sea, por ejemplo, un catedrático que llegó al tribunal a través del cuarto turno y nunca estuvo en un juzgado de instrucción”, prosigue Colomer, que advierte: “Una mala instrucción implica una absolución”.

La ventaja del Supremo es la calidad de sus magistrados

“Es como si el mejor neurocirujano tuviera que convertirse en médico de familia y ocuparse de un constipado”, insiste el catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Iñaki Esparza quien, junto a Colomer, ha escrito el tratado más importante sobre el aforamiento que se ha hecho en España, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. El aforado, según Esparza, no es un privilegiado, sino que, a su juicio, recibe una respuesta judicial de “peor calidad” que cualquier otro ciudadano. “Si Berlusconi hubiera sido juzgado en España tendría razones para preocuparse, porque no podría recurrir”, afirma. “Si yo fuera un aforado y tuviera que ir a juicio me buscaría un buen abogado que llevara mi caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la imposibilidad de que otro tribunal revise mi sentencia”. El TEDH ha condenado en varias ocasiones a España por la inexistencia de la doble instancia, algo que ese órgano considera parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Sea o no un privilegio, todos los expertos consultados coinciden en que en España existen demasiados aforados. A los previstos en la Constitución —presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores, todos ellos aforados al Supremo— se suman todos los que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial —jueces y fiscales (aunque únicamente en el ejercicio de su cargo), magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos— y los establecidos por los estatutos —miembros de los Gobiernos y Parlamentos autónomos y defensores del pueblo autonómicos— que aforan a sus cargos a la Sala de lo Penal de sus respectivos tribunales superiores (salvo el de Andalucía, a cuyo presidente lo juzga también el Supremo). A estos hay que sumar los más de 200.000 guardias civiles, policías nacionales, autonómicos y locales que también están aforados a las audiencias provinciales. Grosso modo, en España hay, pues, entre 210.000 y 220.000 aforados.
Son muchos y, además, sus procesos crean importantes disfunciones. Por ejemplo, cuando en un caso conviven aforados y otras personas que no lo son y la sentencia de los primeros podría ser contradictoria con la de los demás, los no aforados suelen acabar también en el tribunal especial que, si es el Supremo, les deja también sin derecho a que su caso sea revisado en segunda instancia. Además, dificultan la persecución de los delitos de corrupción en los que muy frecuentemente hay aforados. Su presencia obliga al instructor original a dividir la causa y enviarla a los distintos tribunales a los que estén aforados los cargos imputados con el consiguiente riesgo de defectos de forma que pueden acabar en absoluciones poco deseables. Y si a un aforado no le gusta su instructor y quiere otro, le basta con dimitir.
Por ello, Esparza propone que se revise cada categoría de aforados para comprobar si existen motivos para mantener el aforamiento. “Habría que conservar únicamente los que establece la Constitución [Gobierno, diputados y senadores] y limitar los del resto al ejercicio de su cargo”, opina el catedrático de Procesal de la Carlos III Víctor Moreno Catena.
El pasado 12 de junio, la diputada de UPyD Rosa Díez pidió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que redujera los aforados al considerarlos “privilegiados”. Gallardón le respondió que el fuero no es ninguna ventaja, que el cargo que lo tiene “pierde derechos” y no tiene acceso a la segunda instancia. La cuestión es, si en realidad es un perjuicio, ¿por qué Gallardón y muchos otros aforados, los que pueden eliminarlo, se oponen a ello?

PLAYA DE ALMASSORA EL DISTRITO DE LAS PROMESAS

AVd. GENERALITAT.A PAGAR-HO, PEBRERETA! ,Pujada d'impostos potser, a que sí?.

HASTA LA VISTA RTVE.

Si no haces y dices lo que sabemos que quieren que digas "EL DIA MENOS PENSADO TE ECHARAN" al igual que hicieron con Juan Ramón Lucas.

El DIA MENOS PENSADO llegó, para dejar de escuchar RNE y ver TVE, lo sentimos pero donde hay manipulación de la información no merece ser visto ni escuchado.

HASTA LA VISTA RTVE.

Trama de ONG

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana  Domingo 08 de noviembre de 2009   Contacta con levante-emv.com | RSS

Nuevo hombre fuerte de Camps

Rafael Blasco. De antisistema a profesional del poder

 

Así actuaba la trama de Cooperación

TIRA-LI FIGUES

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/20/actualidad/1369057781_329820.html

La Iglesia gana la reforma educativa

LEY DE COSTAS,RETROCEDEMOS TODOS.

Ley de Costas: arbitrariedad, despilfarro, privatización

9 de mayo,

La reforma de la Ley de Costas, aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos jurídico que despilfarraría los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. La modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre todo, de la naturaleza. Ecologistas en Acción considera que Arias Cañete pasará a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente.
Con la aprobación de hoy se rompe definitivamente el valor de la costa como bien público y no como un recurso mercantil. La ley que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados conlleva varias claves que darán un giro a la gestión costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización. Estas claves principales son:
1. La ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años y con la capacidad de contratos de compraventa intervivos. Lo que privatiza las zonas más estratégicas para la socioeconomía en nuestro litoral.
2. Se puede producir una reducción mayoritaria solicitada por los ayuntamientos para núcleos urbanos disperos donde la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) del DPMT, pasaría de 100 metros a 20 metros. Es decir, adelantaría la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan criterios como el abastecimiento de agua o luz. Estas ZSP son competencias de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que agrava aún más esta modificación legislativa.
3. Se sacan del deslinde del DPMT y, por tanto del uso público, urbanizaciones junto al mar como Ampuria Brava en Cataluña. Se privatizan buena parte de los humedales costeros excluyendo del deslinde salinas, esteros e instalaciones acuícolas.
4. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa, desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos, tal y como señala la disposición adicional tercera. No se tienen en cuenta los impactos socioeconómicos en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo ni la peligrosidad que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Ya que, estos lugares se han visto afectados por numerosas inundaciones y daños en los propios paseos que deben ser costeados por la administración y que pueden conllevar un riesgo para las personas. Algunos lugares que pueden verse afectados son Blanes, Palamós, Peñiscola o La Manga.
5. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística permitiendo y facilitando fiestas privadas, colocación de publicidad, instalaciones de chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más juntos.
6. Se permiten arbitrariedades no propias de un Estado basado en el Derecho, ya que deja imprecisiones técnicas como las recogidas en la Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre, donde se da un listado de núcleos urbanos que se excluyen del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Esta vaguedad argumental puede constituir un hecho jurídico que fundamente numerosos casos de indefensión jurídica en otros puntos del litoral lo que, ocasionará un alto número de procesos judiciales y contenciosos-administrativos que pueden hacer colapsar la actividad efectiva de las Demarcaciones de Costas.
7. Se olvidan los hechos. La ley está desactualizada ya que en el escenario actual de Cambio Climático, siendo la costa uno de los lugares más sensibles, se legisla de espaldas al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y se tramitó en el senado esta ley bloqueando las comparecencias de la comunidad científica como es el caso de Miguel Ángel Losada Catedrático de la Universidad de Granada o Juan Manuel Barragán, Catedrático de la Universidad de Cádiz.







http://www.ecologistasenaccion.org/article25756.html