Camps celebra ante Ricardo Costa su absolución en el 'caso de los trajes'. /
Kai Fosterling (EFE)
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Pongamos que usted conduce por la autovía A-6 Madrid-A Coruña a la
altura del municipio madrileño de Collado Villalba y, en un control de
alcoholemia, el alcoholímetro da una tasa superior a 0,60 miligramos de
alcohol en aire aspirado. Usted habrá cometido un delito contra la
seguridad vial que será instruido por un juzgado de instrucción del
municipio en el que se cometió, es decir, Collado-Villalba, del que,
probablemente será titular un juez joven con poca experiencia y pocos
años en la carrera. Ahora pensemos en que media hora después esa misma
tasa de alcoholemia la da en ese mismo control situado en el mismo punto
kilométrico de la A-6 un ministro, diputado o senador. Habrá cometido
exactamente el mismo delito que usted que, por otro lado, no tiene nada
que ver con las labores propias de su cargo político, pero su caso lo
investigará y juzgará la más alta instancia penal del país, en la que
ejercen los magistrados más experimentados y que, a priori, ofrece las
mayores garantías: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Es el aforamiento. Y no existe en ninguno de los países de nuestro
entorno europeo. Tampoco en Estados Unidos. En Alemania, por ejemplo, el
expresidente federal —el jefe del Estado, con unas funciones similares a
las del Rey en España—
Christian Wulff tuvo que presentar su dimisión
el 17 de febrero de 2012 después de que la Fiscalía de Hannover pidiera
que se le retirara la inmunidad por haber recibido sobornos de un
empleado cinematográfico. Si el Constitucional alemán se la hubiera
retirado, no hubiera sido el alto tribunal el que lo hubiera juzgado,
sino el competente del lugar donde se cometió el delito, es decir, el de
Hannover.
En Italia, al ex primer ministro Silvio Berlusconi,
acaban de condenarlo a siete años de cárcel
por inducción a la prostitución de menores por su relación con Karima
el Marough, Ruby, cuando esta tenía menos de 18. Pero, a diferencia de
en España —donde este caso lo hubiera juzgado el Supremo—, el proceso se
siguió en un tribunal ordinario, el de Milán, el lugar donde
supuestamente se cometieron los delitos. Lo mismo ocurre en EE UU, donde
el presidente y otros cargos, cuando existe una acusación penal contra
ellos, son sometidos a un juicio político, el impeachment (al que fue
sometido Bill Clinton por el escándalo de Monica Lewinsky). Pero si
termina con su destitución, el delito se juzga en el tribunal de donde
se cometieron los hechos y no en el Supremo.
Esta singularidad no existe en otros países europeos ni en Estados Unidos
Escándalos como
el caso Gürtel, que afecta a la cúpula del PP —y su derivada de los papeles de Bárcenas— o el
caso Campeón en el que
está imputado el exministro de Fomento socialista y actual diputado José Blanco,
han puesto en tela de juicio esa figura que algunos consideran un
privilegio y otros un perjuicio respecto al resto de los ciudadanos. De
lo que no hay duda es de que atenta contra la igualdad.
El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor de varios aforados
—entre ellos el propio Blanco y el juez Baltasar Garzón— se encuentra
entre los segundos. “Desde mi punto de vista, el aforamiento presenta
más inconvenientes que ventajas”, explica. “La única ventaja en el caso
del Supremo es la calidad jurídica de sus magistrados, que es
innegablemente superior a la de otros de sus compañeros, lo que a priori
es una garantía”, continúa el letrado. “Sin embargo, a diferencia del
resto de ciudadanos, los aforados al Supremo no tienen derecho a una
segunda instancia, es decir, a que la resolución final del caso sea
revisada por otro órgano”, un derecho fundamental según la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Otro de los problemas de
estos procesos”, según Martínez Fresneda, “es que el magistrado
instructor y los que conforman el tribunal que se encargará de juzgar al
aforado pertenecen a la misma sala”, en los casos de Garzón y Blanco,
la Sala de lo Penal del Supremo. “Es difícil que la sala mantenga la
suficiente distancia en caso de que se recurra algunos de los actos del
instructor y se corrijan sus actuaciones; sería algo así como
desautorizar a un compañero”, prosigue Martínez Fresneda, que también se
queja de la enorme repercusión social de los procesos en el alto
tribunal.
“El argumento de que los aforados al Supremo no tienen derecho a una
segunda instancia es una pregunta trampa”, opone, sin embargo, el
catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón
Juan Luis Gómez Colomer. “Puede que no tengan derecho al recurso como el
resto de los ciudadanos, pero ya quisieran los ciudadanos que todos sus
casos llegaran al alto tribunal. Solo unos pocos lo consiguen”, señala.
Como Martínez Fresneda, el profesor castellonense no niega la
profesionalidad de los magistrados del Supremo o de los tribunales
superiores, pero considera que no son los más apropiados para instruir
uno de estos casos. “Estos órganos están pensados para resolver
recursos, para dar coherencia al sistema con sus resoluciones. Esa es su
función, no instruir y enjuiciar casos”. “Cuando una causa de aforados
llega al Supremo, puede que el magistrado al que se designa instructor
no haya investigado en 30 años. Incluso puede que no lo haya hecho nunca
porque sea, por ejemplo, un catedrático que llegó al tribunal a través
del cuarto turno y nunca estuvo en un juzgado de instrucción”, prosigue
Colomer, que advierte: “Una mala instrucción implica una absolución”.
La ventaja del Supremo es la calidad de sus magistrados
“Es como si el mejor neurocirujano tuviera que convertirse en médico
de familia y ocuparse de un constipado”, insiste el catedrático de la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Iñaki Esparza quien, junto a
Colomer, ha escrito el tratado más importante sobre el aforamiento que
se ha hecho en España, el Tratado jurisprudencial de aforamientos
procesales. El aforado, según Esparza, no es un privilegiado, sino que, a
su juicio, recibe una respuesta judicial de “peor calidad” que
cualquier otro ciudadano. “Si Berlusconi hubiera sido juzgado en España
tendría razones para preocuparse, porque no podría recurrir”, afirma.
“Si yo fuera un aforado y tuviera que ir a juicio me buscaría un buen
abogado que llevara mi caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) por la imposibilidad de que otro tribunal revise mi
sentencia”. El TEDH ha condenado en varias ocasiones a España por la
inexistencia de la doble instancia, algo que ese órgano considera parte
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Sea o no un privilegio, todos los expertos consultados coinciden en
que en España existen demasiados aforados. A los previstos en la
Constitución —presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores,
todos ellos aforados al Supremo— se suman todos los que prevé la Ley
Orgánica del Poder Judicial —jueces y fiscales (aunque únicamente en el
ejercicio de su cargo), magistrados del Tribunal Constitucional y del
Tribunal de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial,
miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos
adjuntos— y los establecidos por los estatutos —miembros de los
Gobiernos y Parlamentos autónomos y defensores del pueblo autonómicos—
que aforan a sus cargos a la Sala de lo Penal de sus respectivos
tribunales superiores (salvo el de Andalucía, a cuyo presidente lo juzga
también el Supremo). A estos hay que sumar los más de 200.000 guardias
civiles, policías nacionales, autonómicos y locales que también están
aforados a las audiencias provinciales. Grosso modo, en España hay,
pues, entre 210.000 y 220.000 aforados.
Son muchos y, además, sus procesos crean importantes disfunciones.
Por ejemplo, cuando en un caso conviven aforados y otras personas que no
lo son y la sentencia de los primeros podría ser contradictoria con la
de los demás, los no aforados suelen acabar también en el tribunal
especial que, si es el Supremo, les deja también sin derecho a que su
caso sea revisado en segunda instancia. Además, dificultan la
persecución de los delitos de corrupción en los que muy frecuentemente
hay aforados. Su presencia obliga al instructor original a dividir la
causa y enviarla a los distintos tribunales a los que estén aforados los
cargos imputados con el consiguiente riesgo de defectos de forma que
pueden acabar en absoluciones poco deseables. Y si a un aforado no le
gusta su instructor y quiere otro, le basta con dimitir.
Por ello, Esparza propone que se revise cada categoría de aforados
para comprobar si existen motivos para mantener el aforamiento. “Habría
que conservar únicamente los que establece la Constitución [Gobierno,
diputados y senadores] y limitar los del resto al ejercicio de su
cargo”, opina el catedrático de Procesal de la Carlos III Víctor Moreno
Catena.
El pasado 12 de junio, la diputada de UPyD Rosa Díez pidió al
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que redujera los aforados
al considerarlos “privilegiados”. Gallardón le respondió que el fuero no
es ninguna ventaja, que el cargo que lo tiene “pierde derechos” y no
tiene acceso a la segunda instancia. La cuestión es, si en realidad es
un perjuicio, ¿por qué Gallardón y muchos otros aforados, los que pueden
eliminarlo, se oponen a ello?
